Con la reciente elección de la nueva Mesa Directiva con José Jerí – denunciado por violencia sexual y corrupción – como presidente del Congreso, se abre la pugna por el control de las comisiones ordinarias. A partir de esta semana, las bancadas iniciarán las “negociaciones” para definir quiénes presidirán las 24 comisiones durante el nuevo periodo legislativo.

Los movimientos entre congresistas, como renuncias e incorporaciones a distintas bancadas, han alterado el equilibrio de fuerzas. Bancadas como Somos Perú y Juntos por el Perú–Bloque Magisterial han incrementado su representación, lo que les permitiría presidir al menos dos comisiones cada una, mientras otras bancadas buscan mantener el poder en espacios claves como constitución y presupuesto.

Constitución: el bastión fujimorista

Fuerza Popular, que respaldó a Jerí en su elección, apunta a mantener el control de la Comisión de Constitución, que lidera desde 2021. Desde esta comisión, el fujimorismo ha impulsado reformas clave —como los cambios a la Sunedu y la polémica ley de amnistía a militares y policías por delitos de lesa humanidad, propuesta por Fernando Rospigliosi, hoy vicepresidente del Congreso. El interés por retener también la Comisión de Economía no está descartado, aunque esta fue cedida el año pasado a otro actual vicepresidente, Ilich López, de Acción Popular.

Presupuesto: el botín mayor

La Comisión de Presupuesto, considerada una de las más estratégicas por su influencia en la distribución de recursos públicos, es otro foco de disputa. Jerí, en representación de Somos Perú, la presidió en el periodo anterior y actualmente enfrenta una denuncia por presuntos cobros ilegales en ese cargo.

A pesar de ello, su bancada no descarta seguir presionando por retenerla, mientras Alianza para el Progreso (APP), desplazada de la Mesa Directiva, quiere recuperarla como espacio de poder, en competencia directa con Podemos Perú y Acción Popular.

Ética y Fiscalización: el blindaje político

La Comisión de Ética aún no ha sido asignada, pero su control será decisivo. José Jerí fue investigado por esta comisión tras la denuncia por violencia sexual, por lo que colocar a un aliado de él podría ser una jugada defensiva.

Por otra parte, la Comisión de Fiscalización, durante el periodo pasado, fue un espacio adverso para el Ejecutivo. Conducida por el congresista Juan Burgos, se convirtió en una de las voces más duras contra el gobierno de Dina Boluarte.

Sin embargo, la nueva correlación de fuerzas —más favorable al Ejecutivo— anticipa un cambio de tono. Si la presidencia cae en manos de aliados de la nueva Mesa Directiva, se podría esperar una Fiscalización menos confrontacional, más alineada al oficialismo y con menor voluntad de indagación sobre presuntos actos de corrupción en el Ejecutivo.

Acusaciones Constitucionales: clave para el oficialismo

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es otro espacio de interés político. En el periodo anterior, fue criticada por blindar a congresistas y por su lentitud en tramitar denuncias contra altas autoridades, incluida la propia presidenta. Se espera que APP, que la dirigió a través de María Acuña Peralta, intente conservarla pese a las críticas.